MANIFIESTO EN DEFENSA DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS

 El Estado del Bienestar tiene su base en la existencia de unos servicios públicos de calidad, universales, accesibles y que respondan con eficacia a las necesidades de las personas, sobre la base del principio de igualdad. Sin servicios públicos no pueden atenderse las necesidades de la ciudadanía en el mundo actual.

Las decisiones que están adoptando la mayoría de los gobiernos de recortar el gasto social, a través del empeoramiento de las condiciones de trabajo y de la destrucción de empleo público, ponen en riesgo el Estado del Bienestar, patrimonio de todos, al que apenas los ciudadanos españoles nos hemos ido acercando estos últimos años.

http://www.fe.ccoo.es/ensenanza/menu.do?Condiciones_de_Trabajo_%28Sectores_y_Areas%29:Empleados_Publicos:Inicio:327573

Tras cuatro años de profunda crisis económica, se sigue argumentando que, para salir de ella, se requiere una reducción del gasto social y una minoración de los sistemas fiscales y, en definitiva, una menor presencia de la actuación de los poderes públicos y una menor inversión en los servicios públicos. El resultado es evidente: cada vez estamos peor. Ese no es el camino.

Además, todos los expertos indican que el gasto en Educación es la mejor inversión posible para el futuro de los pueblos, y más aún en un país como el nuestro, que llegó tarde al desarrollo de las sociedades europeas avanzadas y que, hasta hace pocos años, tenía muy graves carencias educativas, incluso en la formación básica de la ciudadanía.

Los recortes en la educación pública están viniendo tanto por el empeoramiento de las condiciones de trabajo del profesorado (reducciones salariales, aumento de la jornada laboral, recortes en otras prestaciones como los complementos en situación de baja por enfermedad, etc.) como por la adopción unilateral de medidas de aumento de la ratio, de la disminución de grupos, de la desaparición de los diversos programas de ayuda y refuerzo al alumnado, etc., lo que está provocando el recorte de las plantillas de los centros y una fuerte reducción del profesorado interino. Además se acaba con la jubilación anticipada,  se congelan las ofertas de empleo público docente y se reducen gravemente las partidas para gastos de funcionamiento de los centros educativos y las destinadas a infraestructuras y equipamiento.

Ni los años de bonanza ni la actual crisis económica han afectado a todos por igual. En los años buenos, mientras muchos se enriquecían, los docentes y los profesionales del sector público educativo tuvimos unos crecimientos retributivos modestos. Los que realmente se beneficiaron entonces son los mismos que ahora pretenden hacer cargar todo el peso de la crisis sobre los empleados públicos. No podemos aceptar ni los recortes salariales ya aplicados, ni los nuevos que pretenden aplicarnos, ni el empeoramiento de nuestras condiciones laborales, que además van a impedir que más de 50.000 universitarios recién titulados se incorporen en los próximos años al sistema educativo público. Se está condenando al paro más absoluto, al subempleo o a la emigración a varias generaciones de jóvenes formados en nuestras universidades. No podemos callarnos cuando estamos despilfarrando la mayor riqueza de nuestro país, su capital humano, el mejor formado que nunca hemos tenido en nuestra historia.

Actualmente la enseñanza pública llega a todos los rincones de nuestro país, desde la isla más pequeña hasta el pueblo más aislado de las montañas, desde el centro de las ciudades hasta sus barrios más alejados, es decir, allí donde nunca será rentable para la iniciativa privada. Es la que asegura la escolarización de toda la población allá donde esté.

La enseñanza pública acoge a todo el alumnado, sin ningún tipo de discriminación ni de selección previa.

La enseñanza pública ha impulsado el avance de nuestro país en esta última etapa histórica y ha sido clave de nuestro contrato social, porque ha sido la mejor garantía del derecho constitucional a la educación.

En definitiva, la enseñanza pública es la única que garantiza la igualdad de oportunidades, la cohesión social, la superación de las desigualdades de origen, la vertebración de toda la sociedad en un objetivo común y el progreso individual y social de todos, no de unos pocos.

Consideramos que los servicios públicos de interés general son fuente de desarrollo económico, creación de empleo, prosperidad y cohesión social.

Defendemos la gestión pública directa  como mejor fórmula para procurar el acceso universal a los servicios públicos, de favorecer la equidad y calidad de los mismos, incluyendo su acceso en las mismas condiciones en el ámbito rural, de garantizar y tutelar el ejercicio efectivo de los derechos subjetivos a la salud, a la educación y a la atención social, así como de evitar desviaciones en la gestión mediante la adecuada acción inspectora.

Por ello, entendemos que hay que financiar adecuadamente la enseñanza pública, hay que protegerla de los recortes presupuestarios y de las consecuencias de la mala gestión de la crisis económica.

El mantenimiento de las políticas sociales y de igualdad es un principio y un derecho irrenunciable. La evolución de los estados democráticos en Europa ha estado vinculada al desarrollo del Estado de Bienestar Social, conocido como el Modelo Social Europeo.

En España la población empleada en el sector público es inferior al 10%, mientras que la media en la UE-15 alcanza el 16%. NO es verdad que, como norma general, en España sobren empleados públicos. Las medidas de ajuste, contención del gasto público y tasas de reposición muy restrictivas están provocando un mayor deterioro y destrucción del empleo público. Por ello exigimos la convocatoria de amplias ofertas de empleo público en todas las comunidades autónomas.

El gasto social destinado a mantener y mejorar la red pública educativa, además de la sanitaria y del resto de servicios sociales, es la mejor inversión que las administraciones públicas pueden hacer para favorecer la salida de la crisis.

Madrid, 13 de marzo de 2012