LA PLATAFORMA REGIONAL POR LA ESCUELA PÚBLICA CONSIDERA QUE LA NUEVA NORMATIVA DE ESCOLARIZACIÓN ES PROFUNDAMENTE DAÑINA PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Las relaciones sociales en las edades tempranas son elementos educativos básicos
para el desarrollo de la personalidad de los niños y niñas, y un sistema de elección de
centro que elimine o limite –como en este caso– la zonificación, no puede garantizar el
criterio de integración y cohesión social, pues potenciará que el alumnado salga de su
entorno.

La Administración educativa debe arbitrar medidas tendentes a la escolarización
universal con aplicación de baremos objetivos que hagan compatible la libre elección
de centros con la planificación de la escolarización; la escolarización equilibrada
en todos los centros sostenidos con fondos públicos; la efectividad del principio
de gratuidad de la enseñanza obligatoria; y la obligación de todos los centros de
escolarizar al alumnado sin ningún tipo de traba por razones subjetivas establecidas
para realizar la selección del alumnado. Es decir, la Administración educativa debe
garantizar que se cumplen los mandatos constitucionales en relación al derecho a la
educación expresado en el artículo 27 de nuestra Carta Magna.



La escolarización del alumnado en todos los centros docentes sostenidos con fondos
públicos debe tener como objetivo fundamental conseguir los principios de equidad,
igualdad, integración y cohesión, garantizando la transparencia del proceso. La nueva
normativa de escolarización camina en sentido contrario y merece nuestra más
absoluta desaprobación y el más contundente de los rechazos, ya que sólo busca
implementar la ideología del partido en el gobierno, no resolver un problema existente
sino simplemente aplicar sus dogmas de forma rígida. Se trata de una norma que
subordina el derecho a la educación consagrado en la Constitución a un principio
denominado “libertad de elección de centro educativo”.

Además, desoye las recomendaciones de los informes internacionales, incluso del
último conocido que ha publicado la OCDE, que no es un organismo sospechoso de
trabajar contra la ideología conservadora y capitalista de la cual bebe, informes que
alertan de los peligros de llevar la elección de centro hasta extremos de desregulación
–como ocurre con la normativa que se aprueba– que traerá consigo serios riesgos de
segregación del alumnado y de ruptura de la cohesión social y, con ello, de la igualdad
de oportunidades.


La eliminación de las zonas de escolarización y el cambio en los baremos a aplicar en
dichos procesos, no sólo supone una dejación de funciones intolerable por parte de
la Administración educativa, sino que puede estar vulnerando los mandatos legales
existentes, motivo por el cual diversas organizaciones, algunas de ellas integradas en
esta Plataforma Regional, llevarán esta normativa ante los Tribunales de Justicia, aún
sabiendo que el proceso es lento y que, incluso obteniendo sentencias favorables, la
Consejería de Educación y Empleo tenderá a obviarlas, algo a lo que desgraciadamente
nos tiene muy acostumbrados. Sin embargo, no por ello
debemos permanecer impasibles y dar por bueno algo que no lo es, la respuesta legal
es imprescindible.

Bajo dos o tres mensajes mediáticos que llaman la atención a quien desconoce
lo que está realmente detrás de la nueva norma, los responsables políticos de
nuestra Comunidad cambian el derecho de elección de las familias por el derecho de
selección de éstas por parte de los centros educativos, dando satisfacción así a una
vieja reivindicación de las patronales de la enseñanza privada. La inmensa mayor
parte de las familias no alcanzan a ver las consecuencias de estos cambios, pero la
Plataforma Regional, y las organizaciones que la integran, tienen la obligación social
de trasladarles la realidad de lo que supone la nueva normativa para que, al utilizarla,
sepan exactamente lo que la misma contiene e intenta promover.

Además, bajo la zona única de escolarización, la Administración puede encontrar
excusas para no proceder a la creación o rehabilitación de centros públicos, dado que
las familias tienen todo el municipio, incluso, toda la Comunidad Autónoma para elegir
centro y la necesidad de plazas escolares no se hará por barrio o distrito, si no que se
ampliarán las zonas para calcular el total de plazas disponibles.

Asimismo, es importante que las familias sean conscientes de que esta normativa
puede suponer el alejamiento de los alumnos del centro que, por cercanía, les pudiera
corresponder y ello llevará, en muchos casos, la necesidad de hacer uso de transporte
y comedor escolar, que correrá a cargo de las familias, ya que la Administración no
va a adjudicar becas por estos conceptos a quienes tengan centros más cercanos que
no obliguen a la utilización de dichos servicios, puesto que argumentará que es la
consecuencia de la elección realizada por las familias y, por tano, un coste que a ellas
les corresponde asumir.
Esta norma supone que la Administración deja en las familias la responsabilidad de
encontrar un “buen centro educativo”, por lo que serán las únicas responsables de lo
que ocurra con el proceso educativo de sus hijos e hijas, en lugar de responsabilizarse
de lo que debería ocurrir, que todos los centros educativos tengan la mejor educación
posible y que la igualdad de oportunidades no sea sólo fruto de la casualidad o del
acierto, sino que esté garantizada en todos y cada uno de los centros.

Madrid, 20 de marzo de 2012