tras la II Guerra Mundial, ha estado vinculada al desarrollo de lo que se ha dado en llamar
Estado de Bienestar Social, también conocido como Modelo Social Europeo.
La principal seña de identidad de este modelo es la respuesta a las necesidades sociales por
parte de los poderes públicos y la articulación de sistemas obligatorios de protección, entre
los que destacan los sistemas de Seguridad Social y Educación. A lo largo de las últimas
décadas hemos ido avanzando en la universalización de los derechos a toda la población,
cuestión en la que el movimiento sindical ha jugado un papel destacado.
En estos momentos, se produce una ofensiva muy visible en el terreno de los servicios
públicos que son objeto preferente de las políticas de recorte que afectan de forma drástica
a la educación, la sanidad, los servicios sociales, los medicamentos o la protección por
desempleo, entre otros. Paralelamente, los mercados presionan en la lógica de favorecer la
externalización de servicios que aspiran a gestionar desde intereses privados, viendo en los
servicios públicos privatizados una enorme oportunidad de negocio.
La privatización y los recortes en los servicios públicos destruyen empleo, deterioran su
calidad, empeoran las condiciones laborales de los empleados públicos (marcando a la baja
el camino para el conjunto de la negociación colectiva), quiebran la igualdad de
oportunidades y la cohesión social y ponen en cuestión la gratuidad y la universalidad de las
prestaciones. Todo ello es más grave en una etapa de crisis económica aguda en la que los
servicios públicos deberían jugar un papel determinante para garantizar la cohesión social y
en la que, tanto el gasto y el empleo público son decisivos en la dinamización de la
economía.
En la Comunidad de Madrid, el Gobierno Regional lleva a cabo una política de recortes en
los servicios públicos que está afectando de forma muy negativa al empleo y a la calidad de
los mismos. Recortes injustificados por cuanto se producen en paralelo al incremento del
presupuesto que financia a los servicios que han sido externalizados. Así mientras se
detraen importantes recursos de la Educación pública, que suponen la pérdida de 3.000
profesores/as, se subvenciona mediante desgravaciones fiscales a las familias que llevan a
sus hijos a la enseñanza privada y se incrementa significativamente el número de unidades
concertadas. En la Sanidad los recortes también suponen la pérdida de personal sanitario y
la sobrecarga de trabajo de los que permanecen en el sistema, con el consiguiente
empeoramiento en la calidad de la prestación, mientras en el presupuesto de 2012 se
aumenta más de un 30% la partida que financia los conciertos con entidades privadas. En
las Universidades, los continuos recortes están provocando que éstas tengan dificultades
para implantar el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y están deteriorando las
condiciones laborales del personal Docente e Investigador y del Personal de Administración
y Servicios. Sólo con una financiación adecuada se podrá garantizar el acceso a la
Enseñanza Superior a todos los ciudadanos a lo largo de toda su vida y en igualdad de
oportunidades.
Estos recortes suponen la pérdida de más de 11.000 puestos de trabajo que van a engrosar
las ya abultadas listas de parados/as madrileños y el alargamiento de la jornada laboral para
el resto. El conjunto de los servicios públicos madrileños se verá afectado por las
consecuencias de los recortes: la desaparición de las medidas de calidad y de atención a la
diversidad de los centros educativos (bibliotecas escolares, actividades extraescolares,
desdobles, refuerzos, tutorías…), la disminución del tiempo de atención al paciente en los
centros sanitarios o la ampliación de las listas de espera, también en la asistencia a
dependientes, menores, residencias públicas de mayores, administración de justicia, medio
ambiente, servicios públicos de empleo, lucha contra el fraude fiscal, atención al ciudadano,
servicios de emergencias y protección ciudadana o en los transportes y medios de
comunicación públicos.
Modificar las condiciones de trabajo de los empleados públicos, rebajando las prestaciones
durante la incapacidad temporal o aumentando la jornada, es una flagrante e intolerable
invasión en el derecho a la negociación colectiva que la Constitución Española, la Ley
Orgánica de Libertad y el Estatuto Básico de los Empleados Públicos reserva a las
trabajadoras y trabajadores, incluidos las empleadas y empleados públicos.
Después de treinta y cinco años de luchas y esfuerzos para alcanzar un cierto nivel de
protección laboral, comprobamos cómo los derechos adquiridos en ese largo proceso son
arrasados en una semana. Tener la mayoría parlamentaria no debería servir para cometer
atropellos de esta magnitud. El peor de todos, agredir a los trabajadores del sector público,
después de una intensa campaña de desprestigio social, y presentarles como parte del
problema en lugar de un activo para nuestro país.
Todos estos recortes forman parte de la estrategia privatizadora de los servicios públicos
que lleva a cabo el Gobierno de Esperanza Aguirre que pasan, como hemos visto en la
Educación Infantil o en las Residencias para Mayores, por deteriorarlos para ponerlos luego
en manos de la iniciativa privada. Esta política privatizadora, que descapitaliza al Estado y
deja derechos básicos de los ciudadanos en manos de empresas privadas con ánimo de
lucro, amenaza también a empresas públicas emblemáticas como el Canal de Isabel II,
Radio-Televisión Madrid, o Metro de Madrid.
El conjunto de los servicios públicos madrileños se verá afectado por las consecuencias de
los recortes. Conviene recordar a este respecto que la Comunidad de Madrid cumple los
objetivos de déficit y que la Presidenta Regional ha alardeado de rebajar el tramo
autonómico del IRPF, cuando el Estado ha regulado su incremento.
Quienes suscribimos este manifiesto no nos resignamos a sufrir un enorme retroceso en
materia de derechos y de cohesión social y defendemos el Modelo Social Europeo como
mejor garantía para el desarrollo económico y social. Por ello, trabajaremos en la lógica de
promover la más amplia convergencia con aquellas organizaciones que compartan estos
objetivos en el marco de una Plataforma para la Defensa de los Servicios Públicos en la
Comunidad de Madrid.
POR UNOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD,
UNIVERSALES Y GRATUITOS.
!NO A LOS RECORTES!
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